La Coordinadora Valenciana de ONGD recurre ante el Supremo la sentencia del «Caso Blasco»

El recurso se centra en la absolución de Rafael Blasco y el resto de cabecillas de la trama corrupta por el delito de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, y por la aplicación indebida de atenuantes.

La Coordinadora de ONGD considera que la sentencia de la Audiencia Provincial de València por las piezas II y III “ni justifica, ni califica, ni explica ni motiva” los atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas.

El resultado de estas absoluciones y de la aplicación de atenuantes son penas que, a juicio de la acusación popular, “no están ni mínimamente en proporción con la gravedad de delitos probados por los que se les condena”, y supone que los condenados no volverán a pisar la prisión por los mismos.

Cartel pidiendo Justicia en el Caso Blasco

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha presentado el viernes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia de las piezas II y II del “Caso Blasco”, que condenó al exconseller Rafael Blasco, al empresario Augusto César Tauroni y a otros 19 de los 24 implicados en la trama corrupta a tan solo 35 años y seis meses de prisión de los 150 años que pedían como acusación popular. En el caso se juzgada el desvío por parte de los condenados, en beneficio propio, de fondos destinados a proyectos de cooperación con más de una decena de países empobrecidos. Con las penas impuestas, la mayoría de los acusados no tendrá que pisar la cárcel.

El recurso de la Coordinadora Valenciana de ONGD se centra principalmente en la absolución del ex conseller Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, el funcionario Marcos Antonio Llinares, y Luis Castel, jefe de una empresa evaluadora de proyectos de cooperación, por el delito de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal. A su juicio, durante el juicio se presentaron abundantes pruebas de que los tres acusados actuaron de forma concertada, con un plan delictivo común y con una estructura duradera. Por este delito, la acusación popular pedía entre dos y cuatro años de cárcel para Blasco, Tauroni y Llinares.

También considera que se han aplicado indebidamente los atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas, porque no concurren las causas para su aplicación: la mayoría de los condenados se negó a declarar en el acto del juicio, han devuelto una ínfima parte del dinero robado, y los retrasos han sido debidos a los recursos que han interpuesto a cada paso las propias defensas de los condenados.

Falta de razonamientos

En este sentido, la Coordinadora alega que la sentencia recurrida ni justifica, ni clarifica, ni explica, ni motiva ninguna de las circunstancias atenuantes, contraviniendo innumerable jurisprudencia sobre esta cuestión. La Sala, concluye la Coordinadora, se limitó en su sentencia a aplicar los atenuantes sin fundamento alguno.

Esa falta de razonamiento de la sentencia se alega también respecto a la motivación de las penas impuestas a cada uno de los acusados. A pesar de reconocer probados los delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental, entre otros, la Audiencia condenó al ex conseller Blasco a sólo un año de prisión de los 16 que pedía la acusación popular, mientras que Tauroni fue condenado a dos años de los 22 que se solicitaban, y Marc Llinares a dos años y nueve meses de los 14 que le podrían haber correspondido.

Modus operandi

La Coordinadora Valenciana de ONGD recuerda que la sentencia de la Audiencia Provincial de València detalla, en decenas de páginas, cómo los condenados en la trama corrupta trampeaban los procedimientos para adjudicar proyectos de cooperación a falsas ONGD, y a través de, al menos, 27 empresas radicadas en España y EEUU, a las que los testaferros de Tauroni desviaban el dinero de las subvenciones públicas para cooperación.

“Ha sido una de las tramas más inmorales a las que nos hemos enfrentado en los últimos años, porque se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas que necesitaban ayuda humanitaria, para enriquecerse personalmente. Por eso seguimos luchando después de 10 años, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados. No podemos permitirnos que se dé esta sensación de impunidad ante delitos tan graves como los que se han probado”, explica la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón.

Pueden consultar el texto completo del recurso presentado pulsando aquí.

————————————————
Para más información o entrevistas:
Carmen Rodríguez,  comunicacion@cvongd.org

Ir arriba