La Coordinadora Valenciana de ONGD muestra su repulsa ante el vergonzoso acuerdo entre la UE y Turquía para la deportación de la población refugiada

La CVONGD manifiesta su más fuerte repulsa por el acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Turquía como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria.


Pie de foto: Refugiados en el campo de Za'atari en Jordania Oxfam Intermon.

Valencia, 8 de marzo de 2016. La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), manifiesta su más fuerte repulsa por el acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Turquía como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. A los efectos, este acuerdo consolida el modelo de «devoluciones en caliente» que España puso en marcha en Melilla (e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana), a la vez que facilita el ingreso en la Unión Europea de Turquía, donde se suceden los ejemplos de retroceso de los valores democráticos.

El trato, que implica devolver a Turquía a todas las personas que lleguen ilegalmente a las costas griegas, incluida la población siria, con el compromiso de traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones, consolida el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la UE. La deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política y la incoherencia con sus propias decisiones de la UE, que en septiembre alcanzaba un acuerdo para la distribución de 120.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia. De ellas, casi 17.000 debían haber llegado a España; a día de hoy, sólo lo han hecho 18.

La falta de escrúpulos de Europa la aleja de sus valores fundacionales y de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los derechos humanos. Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas, a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del gobierno autoritario de Erdogan, vulnera el derecho internacional en materia de asilo, pero no sólo eso: también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada.

En los últimos meses hemos visto cómo la policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera con Grecia; las pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas, sin que la UE haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones; el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria y Hungría; y otros muchas acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como con el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el último Eurobarómetro, publicado la semana pasada (con una media del 65% a favor del apoyo) .

Por ello, desde la CVONGD exigimos a la Unión Europea y a los gobiernos de los estados miembros la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios. Así mismo, exigimos vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.

En definitiva, exigimos y defendemos la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus derechos humanos, que pasan ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asilo.

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