La Asamblea General de la Coordinadora aprueba defender los derechos humanos y las libertades como premisa para alcanzar el desarrollo sostenible

La Coordinadora de ONGD-España ha celebrado su VI Asamblea General Ordinaria en la que participaron 70 ONGD y Coordinadoras Autonómicas.

Fuente: Coordinadora de ONGD España

La Coordinadora de ONGD-España ha celebrado su VI Asamblea General Ordinaria en la que participaron 70 ONGD y Coordinadoras Autonómicas. El encuentro contó al inicio con la presencia del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas.


Tras la renovación parcial de la Junta de Gobierno en la que se reeligió para un segundo mandato como presidente a Andrés Rodríguez Amayuelas y como vocal a Marta Iglesias López se eligieron cuatro nuevos vocales:


• Alberto Casado Valero, de Ayuda en Acción
• Olga Calonge Angoy, de la Fundación ADRA
• Graciela Rico Pérez, de Caritas Española
• Irene Bello Quintana, de la Coordinadora de ONGD de Canarias


La nueva Junta queda conformada por:


• Andrés Rodríguez Amayuelas, de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. Presidente
• Francesc Mateu i Hosta, de Oxfam Intermón. Vicepresidente 1º
• Gema Filgueira Garrido, de la Coordinadora Galega de ONGD. Vicepresidenta 2ª
• Jaime Bará Viñas, de Cruz Roja Española. Secretario
• Manuel Martínez Ocón, de la Coordinadora Andaluza de ONGD. Tesorero
• Marta Iglesias López, del Movimiento por la Paz (MPDL). Vocal
• María del Mar Palacios Córdoba, de InteRed. Vocal
• Irene Ortega Guerrero, de Entreculturas. Vocal
• Ana Fernández Noya, SED. Vocal
• Clarisa Giamello, de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO). Vocal
• Felipe Noya Álvarez, Médicos del Mundo. Vocal
• Alberto Casado Valero, de Ayuda en Acción. Vocal
• Olga Calonge Angoy, de la Fundación ADRA. Vocal
• Graciela Rico Pérez, de Caritas española. Vocal
• Irene Bello Quintana, de la Coordinadora de ONGD de Canarias. Vocal de Cooperación decentralizada.


La Asamblea agradeció a los cuatro miembros de la Junta Directiva que han finalizado mandato su compromiso y trabajo durante estos años. Estos son:


• Ramón Muñagorri Triana, de Alianza por la Solidaridad.
• Marco Gordillo Zamora, de Manos Unidas.
• Ángel González Navas, de Ayuda en Acción.
• Manuel Gómez Galán, de la Fundación Cideal.


Tras el cambio estatutario del pasado año por el que se creó la figura de entidad asociada, este año han ingresado en la Coordinadora en esta categoría la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR – y la Fundación Consejo General de la Abogacía española.


Además se ha aprobado la incorporación como socia de pleno derecho de la Fundación World Vision International.


La Asamblea ha aprobado tanto la unificación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno para organizaciones de Cooperación y entidades de Acción Social como una propuesta de trabajo para reforzar las medidas de prevención y seguimiento frente a conductas inadecuadas e ilícitas en nuestras organizaciones.


Este año correspondía renovar la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta, cuya composición tras la incorporación de las personas elegidas por la Asamblea queda así:


• Guillermo González de la Torre Rodríguez, de Manos Unidas
• Carlos Valdés Borruey, de Acción contra el hambre
• Elena Nagore Cordón, de la Coordinadora Andaluza de ONGD
• María Eugenia Callejón de la Sal, de Economistas Sin Fronteras
• Teresa Burgui Jurío, experta externa
• Alessandra Farné, experta externa
• Victor Manuel Marí, experto externo


Por último, la Asamblea General aprobó una resolución que alerta sobre la necesidad de defender los derechos humanos y las libertades como premisa para alcanzar el desarrollo sostenible.


RESOLUCIÓN DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES COMO PREMISA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE


“No se puede escribir poesía después de Auschwitz”, señaló Theodor Adorno en 1951. Seis años antes había acabado la II Guerra Mundial, una contienda en la que murieron entre 50 y 70 millones de personas, un conflicto que provocó el desplazamiento y éxodo de otros 40 millones. Y, sobre todo, uno de los más tremebundos descensos al abismo del odio, “la solución final”, los campos de exterminio, como el tristemente ubicado en Polonia al que hacía referencia el filósofo alemán, donde los nazis acabaron con 11 millones de vidas judías, gitanas, homosexuales, con diversidad funcional, resistentes, etc. Personas a las que previamente se había deshumanizado, se había categorizado como las “otras”.


Y pese -o debido- a este deceso de lo más íntimamente humano, en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una carta de principios mínimos a los que más tarde se ha logrado añadir otros que han ido completándolos en su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Desde entonces, la gran mayoría de países del mundo los ha ido incorporando, con diferentes grados y garantías, a su cuerpo jurídico y se han instaurado mecanismos institucionales para su cumplimiento y defensa.


Las ONG hemos formado parte, somos parte, de ese entramado de movimientos, asociaciones, redes de activistas que, en nuestro caso desde el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, se ha significado en la defensa de los derechos humanos, en la exigencia de su garantía y cumplimiento por los Estados, las grandes empresas transnacionales y las instituciones multilaterales. Ese compromiso ha provocado incluso la transformación de nuestra misión.


Hemos avanzado desde una labor asistencialista a trabajar con un enfoque de derechos humanos, en el que nuestro trabajo ya no solo no es proporcionar el pescado, tampoco la caña. Ahora apoyamos el empoderamiento de las comunidades y personas, su derecho a tener derechos.


En los últimos años, asistimos, sin embargo a un retroceso generalizado de los derechos humanos en todo el mundo y un cierre cada vez mayor de los espacios de la sociedad civil. Vemos crecer el racismo y la xenofobia y las políticas-muro destinadas a erigir fortalezas frente a los “otros”. Esos otros que suman más de 65 millones de personas, esas que han tenido que desplazarse dentro de su país o huir a otro. Una cifra que por primera vez supera a la del final de la II Guerra Mundial.


Y a este peligro de volver a sumirnos en un infierno de odio, no es ajeno el empeño de la UE y los gobiernos de sus Estados miembro en perseguir y acusar de supuestos delitos a quienes defienden a aquellos que ven cómo sus vidas son condenadas a no merecer ser vividas. Casi una cincuentena de activistas que ayudan a personas migrantes y refugiadas en la Frontera Sur de España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Hungría o en el Mediterráneo central han sido procesados en Europa bajo leyes de inmigración o contra el tráfico de personas entre 2015 y 2018.


Unos ataques en los que las instituciones europeas y nacionales ponen a veces más tesón que en la defensa de los derechos humanos o de la cooperación al desarrollo que incluso es instrumentalizada para fines ajenos a la lucha contra la pobreza Estas actuaciones dan alas, aunque no sea su fin último, a las agresiones y asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo. Instauran una cultura de hostigamiento e impunidad que pone en el punto de mira a líderes y lideresas de pueblos originarios que batallan para que no les saqueen, contaminen o arrebaten sus tierras, a activistas feministas y antirracistas que defienden una existencia libre de discriminación, subordinación, violencia e imposiciones, y a trabajadores humanitarios y cooperantes que se convierten en blanco en los conflictos bélicos.


Más de 300 defensores y defensoras de derechos humanos cayeron bajo las balas en 2017. Solo en el 12% de los casos se detuvo a algún sospechoso. El 84% de los asesinados había recibido al menos una amenaza de muerte.


Entre 2007 y 2017, al menos 1.155 cooperantes han sido asesinados en todo el mundo. En este mismo periodo, se registraron 1.743 ataques contra organizaciones en los que 1.110 empleados resultaron heridos y 942 fueron secuestrados.


En esta restricción de los espacios cívicos, además de los ataques y la criminalización, hace ya tiempo que asistimos a otra estrategia, la del desprestigio. Así, las ONG tampoco nos vemos libres de acusaciones y críticas que sobredimensionan situaciones problemáticas, errores o malas prácticas aisladas para cargar desproporcionadamente contra nosotras.


Ante esto, no vamos a rendirnos ni resignarnos. Las entidades socias de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo – España vamos a mantenernos firme en nuestra apuesta por los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo. Llevamos en nuestro ADN la lucha contra la pobreza y la desigualdad y en favor del desarrollo. Nada de esto es posible sin el respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos.


Por todo ello reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y exigimos:


1. Reforzar nuestros mecanismos internos para evitar cualquier error, cualquier mala conducta que atente contra los derechos humanos. En especial, vamos a ser aún más vigilantes y actuar con mayor diligencia contra situaciones que vulneren la integridad de nuestro personal y de las comunidades y personas con las que trabajamos en nuestros proyectos. No toleraremos ningún acoso y/o abuso -prestaremos especial atención a la prevención y sanción de aquellos de carácter sexual-, ninguna discriminación y ninguna violencia.
Para ello nos comprometemos firmemente con la puesta en marcha de políticas de género al interior de nuestras organizaciones, y a revisar y actualizar nuestro Código de Conducta y la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.

2. Reclamar al Gobierno español:

  1. Que recupere la política de cooperación como política de estado, dotándola desde ya de un presupuesto adecuado que permita alcanzar el 0,4% del PIB en AOD al final de la legislatura y que abra un dialogo real con los diferentes actores de la cooperación y los partidos políticos para recuperar el consenso perdido tras la aprobación en solitario del V Plan Director.
  2. Que refuerce el enfoque de derechos y la coherencia de políticas en la implementación del VPD y especialmente que refuerce el apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos que están siendo acusadas por delitos inexistentes en terceros países por su trabajo relacionado con el salvamento de personas en el Mediterráneo.
  3. Que refuerce el apoyo a las personas que por su oposición a la actuación de empresas multinacionales en sus territorios están siendo amenazadas y en ocasiones asesinadas.
  4. Que derogue la Ley de Seguridad Ciudadana que supone una seria limitación a libertades y derechos fundamentales como son la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación.
  5. Que derogue la Disposición Final Primera de la Ley de Seguridad Ciudadana que enmienda la Ley de Extranjería para amparar las llamadas devoluciones en caliente de los migrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. España ya ha sido condenada por estas prácticas por El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

3. Exigir a las instituciones europeas y al gobierno español que se comprometan con la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles:

  1. Deroguen todos aquellos acuerdos con terceros países, normativas y órdenes que obligan a las personas migrantes y refugiadas a recurrir a vías cada vez más peligrosas y costosas, de las que solo obtienen beneficios las mafias.
  2. Eliminen de su ordenamiento jurídico todas aquellas leyes y normas que amparan el hostigamiento, persecución y criminalización de personas que solo cometen un “delito” de solidaridad, salvar vidas.
  3. Asuman realmente la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y extraterritorialidad de los derechos humanos, de modo que éstos fundamenten y determinen su política exterior, alineando sus propios intereses geoestratégicos y económicos desde el enfoque de derechos.

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