Condenamos los asesinatos y masacres en Colombia

Nos sumamos a la sociedad civil colombiana y ONG internacionales, y denunciamos la grave situación humanitaria que vive el país: en lo que va de año se han producido 43 masacres. En el mes de agosto fueron especialmente afectados jóvenes, niños y niñas.

Derechos humanos en Colombia
Protestas en Bogotá contra las masacres. Foro: Ernesto Guzmán | EFE
  • En lo que va de año se han producido 43 masacres. En el mes de agosto fueron especialmente afectados jóvenes, niños y niñas.

  • El incremento exponencial de las violencias en el país exige la plena implementación del Acuerdo de Paz, la protección de las comunidades más vulnerables y sus territorios, y la garantía plena de los derechos humanos.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD nos sumamos a los comunicados emitidos por la Confederación Colombiana de ONG, la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Colombia (OIDHC) y por varias ONG internacionales entre las que esta tambien la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, en los que se denuncia la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra Colombia. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses coincidiendo con la situación de pandemia, el número de asesinatos y masacres ha aumentado de forma exponencial. Las masacres han afectado sobre todo a la región del Pacífico; en concreto, las zonas rurales, territorios en los que la presencia civil del Estado es limitada o nula, “hecho que ha permitido que los grupos armados ilegales ejerzan control territorial, intimiden a la población civil y se lucren de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico” –según la OIDHC–.

Denunciamos el grave deterioro de la situación humanitaria en todo el territorio, especialmente para quienes asumen liderazgos sociales, defienden los derechos humanos y apoyan el Acuerdo de Paz. Las cifras de asesinatos son alarmantes; también las de desplazamientos internos: entre enero y julio, 18 650 personas tuvieron que abandonar sus hogares. A esta crisis humanitaria se «suman las cifras alarmantes de asesinatos a defensores de derechos humanos, líderes sociales y ex-integrantes de las Farc-Ep», tal como denuncia la OIDHC.

Puerta abierta para el despojo de los territorios

Tal como denuncia la OIDHC, “las masacres se han usado históricamente para infundir el miedo en la población civil y facilitar el despojo y la apropiación de tierras”. La escasa implementación del Acuerdo de Paz es uno de los elementos clave en esta situación, especialmente en lo que se refiere a la Reforma Rural Integral; diversas organizaciones sociales denuncian que el Estado “está fomentando la militarización de los territorios en lugar de aportar soluciones a quienes más han sufrido y sufren la violencia”.

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia vuelve a caer en una situación de conflicto armado interno agudo con decenas de miles de víctimas civiles, en particular afrodescendientes, indígenas, menores de edad y mujeres.

Exigimos al Gobierno colombiano que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos, principalmente en las zonas rurales que están siendo las más afectadas por la violencia. Deben realizarse investigaciones independientes que esclarezcan los crímenes cometidos y condenen a sus responsables materiales e intelectuales.

Exhortamos al Gobierno y Estado colombianos a que cumplan su deber constitucional y las obligaciones internacionales sobre los derechos de niños y niñas; es urgente que se garantice la protección integral de jóvenes, adolescentes, niños y niñas.

La plena implementación del Acuerdo de Paz debe ser asegurada; así como las medidas que protegen a las poblaciones más vulnerables, a defensores y defensoras de derechos humanos y a quienes apoyan el proceso de paz.

El Gobierno español deben tomar cartas en el asunto y denunciar de manera firme la situación que vive el país y solicitar al Gobierno de Iván Duque que garantice los derechos humanos, la protección de las personas amenazadas, la implementación del Acuerdo de Paz y la investigación de los crímenes cometidos.

La Unión Europea y la comunidad internacional debe hacer su parte y exigir que acaben las amenazas, hostigamientos y asesinatos, y se consolide el proceso de paz.

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