Informe: cómo mejorar la gestión de los fondos destinados a la Cooperación por las entidades locales

El estudio “La agilización de la gestión de los fondos destinados a la Cooperación Internacional para el Desarrollo por las entidades locales”, elaborado por la Fundación Musol, ofrece recomendaciones clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas de cooperación internacional y la colaboración entre ONGD y Administraciones autonómicas y locales.

Cartel jornadas Musol

La constitución de un nuevo marco legislativo que modernice las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, la reducción de la excesiva burocratización administrativa y el restablecimiento de una relación de confianza y colaboración entre los diferentes actores de la cooperación, son algunas de las conclusiones y recomendaciones clave que recoge el informe elaborado por la Fundación Musol tras los debates en las XI Jornadas Municipalistas por la Cooperación Internacional al Desarrollo celebradas el pasado mes de octubre.

El documento supone un contribución importante a los debates abiertos entre las ONGD y las Administraciones Públicas, para la mejora de la gestión de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo.

Sobre la revisión de la normativa relativa a cooperación, el documento recomienda abrir un amplio debate entre todos los actores que sitúe “el centro de las acciones en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los derechos humanos”, creando instrumentos de trabajo conjunto y coordinado, lo que incluye la revisión del Estatuo del Cooperante y el establecimiento de un régimen jurídico singular aplicable a las ONG de Desarrollo.

Menos burocracia

El informe explica que, en ese marco normativo, las bases deben introducir “procedimientos innovadores y, a través de la colaboración público privada sin ánimo de lucro, instaurar formas de concertación y fórmulas e instrumentos de trabajo que, superando los actuales, permitan avanzar en la eficacia y eficiencia reduciendo la burocracia tanto para los actores sociales como para las administraciones”.

Entre las mejoras en esta reducción de la burocracia, se propone reducir, eliminar y, cuando no sea posible, simplificar al máximo los documentos y formularios exigidos en todas las fases de las convocatorias de subvenciones. Propone que esto se logre creando registros propios o remitiendo a los de otras Administraciones, eliminando en los formularios datos repetitivos e innecesarios, y eliminando declaraciones, certificaciones y compromisos exigidos en las bases, al entender que el hecho de participar en una determinada convocatoria ya supone la aceptación de dichos compromisos.

Auditorías y evaluaciones

En las revisiones de las justificaciones que hacen las Administraciones, el informe propone partir del resultado de las auditorías y las evaluaciones externas que se realizan, dado que los autores de estas disponen de experiencias y capacidades reconocidas oficialmente para dar validez a sus informes. Una vez emitidos esos informes “solo deberían revisarse aleatoriamente algunos expedientes y su contenido, y solo respecto a aspectos esenciales  lo cual reduciría significativamente los recursos empleados por los financiadores en duplicar la revisión”.

En los debates que han dado lugar a este documento también se ha hecho hincapié en la necesidad de que las relaciones entre las Administraciones y las ONGD que colaboran con ellas en la ejecución de las políticas públicas de cooperación se basen en la confianza mutua.

Inversión, no gasto

“La nueva regulación -añade el documento- debe abordar el establecimiento de un marco en el que todos los actores públicos en un plano de igualdad colaboren y coordinen sus políticas, a la vez que armonicen sus procedimientos, abriendo todo ello a la participación de las ONGDs y resto de actores de la cooperación”.

Como última recomendación, se recuerda que el gasto en cooperación internacional es un gasto de inversión en desarrollo, y que, por tanto, debería estar incluido en su totalidad en el capítulo VI o VII de los presupuestos, según se ejecute directamente por la Administración o a través de otros actores.

Enlace para descargar el documento completo.

 

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