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20 setembre 2017

Caso Blasco, ¿justicia o impunidad?, Artículo de Carles Xavier López y Maite Puertes en el diario El Mundo

Caso Blasco, ¿justicia o impunidad?, Artículo de Carles Xavier López y Maite Puertes en el diario El Mundo

El daño que ha hecho el caso Blasco por el presunto desvío de fondos destinados a ayudas de la cooperación al desarrollo en países empobrecidos y de fondos destinados a atender situaciones de emergencia es enorme e incalculable por la infinidad de personas, familias y comunidades afectadas.

 

 

 

 

 

Fuente: El Mundo

 

TRIBUNA INVITADA

Caso Blasco, ¿justicia o impunidad?

 

 

 

 

El daño que ha hecho el caso Blasco por el presunto desvío de fondos destinados a ayudas de la cooperación al desarrollo en países empobrecidos y de fondos destinados a atender situaciones de emergencia es enorme e incalculable por la infinidad de personas, familias y comunidades afectadas. Aquí, el daño que sigue haciendo a las entidades valencianas que trabajan por la cooperación al desarrollo, y al resto de instituciones públicas afectadas, aún sigue sumando.

Prueba de ello son los delitos que se desgranan del proceso, y que son cada uno de ellos de manera individual gravísimos: presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Del proceso, del que solo llevamos una parte de la primera pieza del caso, la más fácil de entender, se supone, se han ido conociendo detalles por los medios de comunicación que han sacado a la luz conversaciones que podrían llegar a tacharse de impúdicas, por el uso de calificativos altamente despectivos, como negratas o machistas. Esto, sin olvidar lo más grave: utilizar el dinero destinado a la lucha contra la pobreza para el enriquecimiento inmoral e ilícito ha evidenciado el grado de impunidad al que se ha llegado en nuestro entorno político y ha cuestionado su funcionamiento y su vocación de servicio a la ciudadanía.

Una sociedad que incuba y genera este tipo de situaciones está en peligro, ya que suponen un claro indicio de inmadurez democrática grave y de debilidad de las estructuras del sistema para detectar más rápidamente e impedir estas conductas inmorales y dañinas. Curiosamente, la misma inmadurez a la que hacemos referencia a la hora de hablar de países de otras latitudes, con calificativos, muy poco correctos (cuantas veces no hemos usado aquella desafortunada muletilla de república bananera), y que a día de hoy se nos devuelve multiplicada por mil.

No podemos vivir cruzando el límite de la línea roja, la cual en los últimos años se ha superado infinidad de veces, no podemos pretender ser un país avanzado y democrático que de lecciones en el G-8 mientras ve atiborrados los juzgados de casos aberrantes de corrupción de cargos políticos. Porque sí, ciertamente existe y debe existir la presunción de inocencia, pero también debería existir la dignidad política y la responsabilidad hacia la ciudadanía, que hiciera que no pudieran haber personas imputadas representándonos. De hecho esto no sería posible en muchos de los países a los que nos gusta pensar que nos parecemos.

Por todo ello, la ciudadanía nos encontramos en un punto en el que solo nos queda esperar que la justicia sea grande, única, e imparcial; esa que se supone que es igual para todos, pero que todavía debe demostrarlo, se pronuncie y ponga las cosas en su sitio. ¿Qué legado pretendemos dejar si cuaja el hecho de que frente a lo sangrante los principales argumentos de defensa son fallos procedimentales? ¿Cómo se entiende que un jubilado octogenario sepa lo que firma, de cara a unas preferentes por ejemplo, y no lo sepa todo un alto cargo público con todo un gabinete y cargos de confianza a su alrededor? ¿Serán determinantes los claros argumentos y pruebas aportados por la fiscalía anticorrupción, la abogacía de la Generalitat, las acusaciones populares y los valientes y firmes testimonios de los testigos?

En la Coordinadora Valenciana de ONGD nos preocupa que este proceso proyecte una imagen distorsionada de la realidad de los proyectos de cooperación para el desarrollo, del trabajo realizado por las ONG de Desarrollo y del funcionariado de la propia Generalitat. Es necesario resaltar que no se esta juzgando la globalidad de la gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo, ni las políticas de cooperación internacional de la Generalitat en los 25 años de existencia, ni siquiera a ONGD acreditadas y de trayectoria en cooperación. Se procesa principalmente a Rafael Blasco, ex conseller de Francisco Camps, junto a su equipo directivo, el entramado de empresas y entidades organizadas en torno a Tauroni y las organizaciones que se utilizaron para el desvío de fondos de cooperación para el desarrollo.

Trabajamos y confiamos en que la ciudadanía valenciana diferencia entre los hechos que se juzgan con el trabajo habitual, transparente y eficaz de decenas de ONG de Desarrollo y de administraciones públicas implicadas la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

Lo bueno del caso es que a pesar de su gravedad y de la tibieza moral y cinismo político de algunos representantes públicos, estamos a tiempo de frenar, que podemos todavía dar marcha atrás, que todavía podemos creer en la justicia y por encima de todo, que se está a tiempo de poner las cosas en su sitio, de devolvernos la dignidad como pueblo, y de darle a la representación política la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo, limpio, y comprometido con la ciudadanía y con los valores que una sociedad democrática y desarrollada nos debemos merecer.

 

Mas información: www.casoblasco.info

setembre 2017

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